La reciente declaración del presidente Gustavo Petro sobre entregar la Hacienda Nápoles a campesinos como símbolo de reparación histórica ha desatado un intenso debate jurídico e institucional. Expertos en derecho público advierten que la iniciativa, aunque simbólicamente poderosa, podría desencadenar una demanda millonaria contra el Estado colombiano debido a los compromisos contractuales vigentes sobre el predio.
Durante un evento en Barrancabermeja el pasado 23 de mayo, Petro propuso que la hacienda —conocida por haber sido una de las propiedades más emblemáticas del narcotraficante Pablo Escobar— fuera devuelta “al pueblo”, insinuando su destinación a comunidades campesinas como parte de los esfuerzos del gobierno por avanzar en la reforma agraria y la justicia social.
No obstante, la propiedad actualmente no pertenece a la Nación, sino al municipio de Puerto Triunfo, tras su entrega definitiva por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes en 2005. Además, la hacienda está bajo concesión a una empresa privada que opera un parque temático en el lugar. Este contrato, legalmente constituido, tiene aún cerca de dos décadas de vigencia.
Andrés Ávila, exdirector de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), explicó que cualquier intento de intervención directa sobre la propiedad sin agotar los mecanismos legales podría derivar en una demanda por incumplimiento del contrato, lo cual tendría implicaciones económicas para el Estado. “No se trata de un bien público disponible, sino de un predio bajo concesión. Alterar este esquema podría comprometer la responsabilidad jurídica del país”, indicó.
A esto se suma un análisis de la Agencia Nacional de Tierras, que ha advertido que gran parte del predio no es apto para uso agrícola, debido a restricciones ambientales y condiciones técnicas. Esto limitaría su viabilidad dentro de los programas de distribución de tierras promovidos por el gobierno actual.
Aunque la intención del presidente Petro responde a una visión reparadora frente a la desigualdad rural y al pasado del narcotráfico en Colombia, expertos señalan que la medida debe estar sujeta a un estudio jurídico riguroso. De no ser así, la propuesta podría terminar en tribunales, afectando el erario y generando inseguridad jurídica en otros contratos públicos.
Por ahora, la Presidencia no ha emitido una propuesta formal sobre la intervención de la Hacienda Nápoles, pero el debate continúa abierto entre los sectores políticos, jurídicos y sociales del país.
